OPINIÓN: El intento de derogar las leyes de muerte con dignidad en D.C., atenta contra todo el país

Por la Redacción — Los opositores en el Congreso de la llamada ley Muerte con Dignidad de D.C., tenían la oportunidad de revocar la legislación durante un período de revisión de 30 días legislativos antes de que se convirtiera en ley el pasado 18 de febrero.

Ellos decidieron no hacerlo. Pero ahora, cinco meses después de su implementación, están amenazando con utilizar el proceso de asignaciones federales para tratar de hacer lo que antes no pudieron hacer abiertamente: derogar la ley.

La ley da a los adultos con una enfermedad terminal, mentalmente competentes y con seis meses o menos de vida, la opción de solicitar y obtener medicamentos recetados que pueden tomar por sí mismos para acabar con el sufrimiento insoportable y morir pacíficamente.

A pesar de las encuestas, que muestran que dos tercios de los residentes de D.C. apoyan la ayuda médica al morir, el Comité de Apropiaciones de la Cámara aprobó una enmienda que revoca la ley de Muerte con Dignidad en D.C. presentada por el representante Andy Harris el pasado 13 de julio.

Este asunto, aunque ocurre a miles de millas de distancia, puede tener una gran repercusión en otros estados que han aprobado esta ley, incluyendo California, ya que motivaría a los opositores de esta ley a buscar una prohibición a nivel nacional, tal y como lo han intentado en por los menos dos ocasiones, en las que se prohibió a los médicos prescribir medicamentos sujetos a la ley de Sustancias Controladas.

Si los opositores de esta ley, considerada humanitaria por muchos, es derogada en D.C., pondría en riesgo las leyes similares aprobadas en California, Colorado, Montana, Oregon, Washington, y Vermont, así como las legislaciones presentadas en otros 26 estados: Alaska, Arizona, Connecticut, Delaware, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Utah y Wisconsin.

Las experiencias obtenidas por los seis estados que ya aplican dicha ley, indican que no hay evidencia de uso indebido de la ley.

Este 28 de julio representa un momento de gran importancia para esta legislación, ya que es el último día para que entre en sesión la Cámara y el Senado, y es cuando se harán los proyectos de ley de asignaciones, antes del receso legislativo de agosto.

Para las personas que se encuentran en etapa terminal en Washington, D.C. la eliminación de esta ley, les causaría, literalmente un enorme dolor. Los residentes de ese estado, no deben, como los del resto del país, ser privados de la opción de morir dignamente y sin dolor.

La gran mayoría de las encuestas realizadas en todo el país, muestran un fuerte apoyo de parte de los médicos a estas legislaciones, y han expresado su posición a través de la política y el ámbito religioso.

No cabe duda que estos repetidos intentos por revocar la ley de D.C. no sólo es un ataque a la libertad individual de tomar sus propias decisiones relacionadas con el final de la vida, sino también un abuso de poder y una pérdida de tiempo, cuando el Congreso de este país debería enfocarse en resolver importantes asuntos nacionales.

Independientemente del partido político al que pertenezcan, los miembros de la cámara de representantes y los senadores, deberían oponerse a incluir esta enmienda en el Proyecto de ley de asignaciones finales, porque viola la autonomía de los funcionarios de D.C. para promulgar leyes locales que afectan directamente a sus representados.