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Activistas critican mecanismo mexicano para proteger periodistas y defensores

El activista Armando García denunció hoy que para que alguien cuente en México “tienen que asesinarlo o desaparecerlo”, durante la presentación de un informe que señala las carencias del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En la presentación del informe, realizado por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en la que estuvo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, se destacaron los principales puntos débiles de ese mecanismo gubernamental.

El documento, presentado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, señala que al Mecanismo “le falta capacidad para reaccionar frente a la diversidad de formas de violencia que enfrentan” los defensores y periodistas, y añade que las medidas que prevé “no han logrado atender los distintos impactos que generan las agresiones”.

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García, una de las principales voces la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla que está en contra de la construcción de la Autopista de cuota Toluca-Naucalpan, recordó que su casa fue derribada el pasado 11 de abril pese a que utilizó el botón de emergencia que le proporcionó el Mecanismo.

“Para que alguien cuente en este país tienen que asesinarlo o desaparecerlo. Parece que defender la tierra está tipificado como una agresión hacia el Estado”, señaló García, y añadió que cuando pulsó el botón de emergencia no vino ningún agente federal a protegerle como señala el Mecanismo.

La moderadora de la rueda de prensa e integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Olga Guzmán, puntualizó que desde el establecimiento de este mecanismo en 2012 se han registrado 1.666 agresiones a periodistas y 1.090 a defensores de derechos humanos.

El informe también indica que el Mecanismo de Protección no incorpora un enfoque de género en el análisis de riesgo, a lo que la periodista Verónica Villalvazo, más conocida como “Frida Guerrero”, quien investiga sobre feminicidios en México, apuntó que también se debería tener en cuenta el acoso en redes sociales.

Por su parte, la activista Norma Garduño denunció que tanto ella como sus hijas han sido secuestradas en varias ocasiones, por lo que han tenido que huir para evitar agresiones más severas pese a ser beneficiaria del Mecanismo de Protección.

Garduño añadió que las mujeres sufren mayor estigmatización al denunciar y que la salud física de personas de ambos géneros es vulnerada pese a contar con la protección de la instancia federal, establecida en 2012 en la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Otro de los fallos que señala el informe es la falta de coordinación del Mecanismo con las entidades federativas para la aplicación de medidas de protección, lo que impide que en muchos cosas las medidas sobre casos concretos sean efectivas.

Por su parte, el académico Iván García, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, lamentó que el entendimiento de los derechos humanos es muy “estático” y que “hay voluntad política de afectar a los derechos humanos” debido a que la mayoría de las agresiones son perpetradas por autoridades.

El informe también denuncia que la ausencia de acciones del Mecanismo de Protección para garantizar la investigación penal de agresiones refleja que “en México no existe una verdadera política que tenga por objetivo prevenir los riegos y proteger” a los comunicadores y activistas.

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