Reducción jornada a funcionarios tensa de nuevo relaciones con junta P.Rico

San Juan — Las diferencias sobre reducir o no la jornada laboral a los funcionarios y la eliminación del bono de Navidad tensan de nuevo, estos días, las relaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico y el Gobierno de la isla.

Las diferencias han subido a tal punto que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha advertido de que su rechazo y oposición a esta posible medida, que, dijo, crearía una crisis social sin precedentes, es tal, que no descarta acudir “a cualquier foro que sea necesario” para defender su idea de que no es necesario adoptar dichas medidas.

Unas medidas a todas luces impopulares y que el Gobierno considera que, además, la JSF no tiene la potestad para implantar.

A estas diferencias se ha unido hoy la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), quien por boca de su presidenta, Alicia Lamboy-Mombille, ha advertido a ambos sobre las “consecuencias adversas directas al comercio local si se pusiese en efecto la reducción de jornada laboral de los empleados públicos”.

“La reducción de la jornada laboral echaría para atrás cualquier adelanto hacia el desarrollo económico. Debemos enfocarnos en todo aquello que redunde en crecer nuestra economía”, indicó hoy Lamboy-Mombille.

“Una reducción en la jornada laboral de los servidores públicos ocasionará una merma en sus ingresos que causará un ‘efecto cascada’ adverso a miles de familias, así como a toda la economía de Puerto Rico. Esto agravará la depresión económica que hemos venido experimentado en la pasada década”, alertó la presidenta de la Cámara de Comercio.

Señaló, además, que “el Gobernador ha indicado que han identificado otras medidas fiscales que ayudarán a cumplir con el Plan Fiscal sin afectar ni tener que imponer una reducción a la jornada laboral, así que estamos a la espera de escuchar las mismas.”

“La economía se nutre del consumidor que utiliza sus ingresos para adquirir bienes y servicios. Asimismo cumple con sus compromisos con la banca por préstamos hipotecarios y de autos. Todo se vería afectado, trastocando -aún más-el clima social de nuestro pueblo. Este escenario se debe evitar a toda costa”, expresó la responsable de la Cámara de Comercio.

Hiy también la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Zoimé Alvarez, reconoció que de establecerse como medida fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, la misma afectaría a la economía local.

“Reconocemos el impacto económico que tendrían las familias puertorriqueñas que trabajan en el sector público, con la propuesta de reducción de la jornada laboral. Específicamente en cuanto a sus compromisos financieros contraídos que incluyen casa, autos y préstamos personales, entre otros”, expresó Álvarez Rubio.

El gobernador ya advirtió ayer de lo dramático de implantar estas medidas y dijo que tiene previstas otras para sustituir a la de la JSF.

Cuantificó que imponer las mismas supondría una reducción de 400 dólares en sueldos de funcionarios de 2.000 dólares mensuales.

Según los estudios económicos del Gobierno, una reducción de jornada laboral como la propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal provocaría una caída en la economía local estimado de 500 millones.

“Sobre la medida propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal, un empleado que tiene un salario de 2.000 mensuales vería su salario mensual reducido en 400 dólares. Esta propuesta de reducción de jornada laboral crearía una crisis social sin precedentes afectando la estabilidad de estos trabajadores y los empleos de otros en el sector privado”, advirtió el gobernador.

Asimismo, explicó que “por ejemplo, con esa medida cerca de 100.000 empleados públicos no tendrían recursos para pagar sus hipotecas y automóviles lo que crearía una crisis en la industria bancaria y concesionarios de autos”.

Rosselló recordó que “no podemos perder de perspectiva la crisis social que una medida así ocasionaría a cerca de 100.000 hogares puertorriqueños”.

Otra de las voces que se han unido hoy al debate ha sido el del opositor Partido Popular Democrático (PPD), quien por boca de su portavoz alterno en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, pidió a Rosselló que admita que su Plan Fiscal, incluyó tanto la reducción de jornada laboral como la eliminación del bono de navidad.

“Es hora que el gobernador tome en serio las consecuencias de su plan fiscal. Desde el primer momento ha intentado lanzar arena en los ojos de los puertorriqueños para intentar mantener una opinión pública favorable a su juego por la estadidad. Hoy plantea ir al Tribunal contra la reducción de jornada pero se le olvida al Gobernador que el problema que tiene es que la reducción de jornada y la eliminación del bono de navidad no es una recomendación de la Junta, es su plan fiscal certificado”, opinó.

Por último, insistió en que el Gobernador “se ha encargado de llenar los bolsillos de sus amigos en lugar de lograr los ahorros que correspondían para evitar la reducción de jornada, que no se esconda con amenazas de demandas y reconozca que la situación es su responsabilidad. Lo demás, es tratar de tapar el cielo con la mano, el seguir la práctica de la demagogia, de decir cosas que suenen agradables, aunque la verdad sea terrible”.